ASESINATO EN EL COMITÉ FEDERAL (Lecciones de Historia 1): La defección del progresismo comenzó en 1837

el-liberalismo-conservadorEn diversos blogs se ha puesto de moda la aparición de series de entradas sobre temas de una forma u otra relacionados. Tienen por costumbre numerarse para que el lector no pierda la referencia de que está leyendo una serie que pertenece a un mismo tema. Creo que me voy a apuntar a la moda. Ya he utilizado este blog para comentarios históricos sobre la política actual, pero ahora lo haré de una forma más habitual. Supongo que tendrá que ver con el deseo de compartir ideas y pensamientos ya que cada vez tengo menos ocasión de hacerlo “en vivo y en directo”, como se decía en los primeros tiempos de la televisión.

Y es que a un historiador nos cuesta ver la realidad sin el filtro de nuestros conocimientos del pasado, lo cual no siempre es grato, pues acaba provocándote un sentimiento de hartazgo al observar cómo no aprendemos de lo ocurrido.

Estaba estos días impartiendo el tema de la Regencia de Mª Cristina, esposa de Fernando VII, y la implantación del liberalismo en España y no he podido dejar de relacionarlo con lo que sucede en España en estos días.

Haré primero un resumen apresurado de la situación para los menos avezados en la Historia de España. El final del Antiguo Régimen (feudalismo, Inquisición, señoríos, gremios, privilegios de la nobleza y el clero, etc) no acababa de producirse aunque ya estábamos bien entrados en el siglo XIX. El liberalismo, que pretendía abolir este Antiguo Régimen, había ingresado en la península a través de los invasores franceses en 1808, pero España se había revelado contra ellos el famoso 2 de mayo. En realidad, lo que se formó es un gobierno (la Junta Suprema Central) en Cádiz que pretendía implantar el liberalismo, pero a su manera. De ahí nació la Constitución de Cádiz en 1812, un modelo para el liberalismo europeo y americano de la época ya que instauraba la soberanía nacional entre otras cosas. Limitaba los poderes de la monarquía, aunque aún eran amplios, dotaba de igualdad a todos los ciudadanos y establecía la división de poderes y el sufragio universal (aunque sólo masculino). Lo único que no tocaba era la religión: España se mantenía católica “perpetuamente”.

Tras la derrota de los franceses, estos liberales propusieron a Fernando VII, instituido como nuevo rey, que firmara la Constitución de Cádiz, pero se negó, aceptando en 1814, en cambio, un documento (“El Manifiesto de los Persas”) que habían elaborado los nobles, por el cual se reinstauraba el Antiguo Régimen y se anulaba la Constitución de Cádiz. Los liberales no cejaron en su intento de obligar al rey a aceptar la Constitución (que ya era modelo a imitar en las nuevas repúblicas que se estaban creando en América y en algunos lugares de Europa) y así lo lograron en 1820, tras el pronunciamiento del coronel liberal Riego. A Fernando VII le faltó tiempo para traicionar su juramento de la Constitución y llamar a los aliados europeos que habían impuesto el absolutismo otra vez en toda Europa tras la derrota de Napoleón. Enviaron unas tropas de ocupación en ayuda del rey español, contra el gobierno liberal, conocidos como los Cien Mil Hijos de San Luis: unas tropas francesas enviadas por el rey borbón de Francia Luis XVIII. Fernando VII volvió a reinstaurar el absolutismo, aunque no lograba tener hijos. Fernando volvió a casar, por cuarta vez. Ahora con una italiana Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias, con la que sí consiguió tener descendencia: dos niñas, Isabel y Luisa Fernanda. Se abrió entonces un debate sobre si las mujeres podían reinar o no en España. En realidad lo que había era una pugna palaciega entre los absolutistas más intransigentes (llamados ya “realistas” o “apostólicos”), partidarios de que la sucesión recayera en el hermano del rey, Carlos María Isidro, y los partidarios de que reinara la hija mayor, Isabel, a la que apoyaban un grupo de reformistas moderados que pretendían una transición tranquila desde el Antiguo Régimen a un liberalismo muy suavizado. ¿Os suena a algo? ¿Os acordáis de 1975 y la pugna entre los franquistas aperturistas (Fraga y los suyos) contra los “ultras”, también denominado “búnker” de Blas Piñar o Girón de Velasco? Pues, lo mismo.

Finalmente el rey murió en 1833 y su hija de tres años, Isabel, fue nombrada sucesora, gobernando mientras alcanzaba la mayoría de edad su madre Mª Cristina como regente, aunque una parte del país no la aceptó y abrazó la causa de Carlos María Isidro, llamándose ahora “carlistas”, que pretendían mantener el absolutismo más rancio al grito de “Dios, Patria y Rey”. A Mª Cristina no le quedó más remedio que buscar apoyo en los reformistas y en los liberales, a los que llamó desde el exilio. Entre ellos estaban un núcleo de militares de primera categoría, ahora necesarios para luchar contra su cuñado, el autoproclamado Carlos V de España. Sin embargo, Mª Cristina no tenía nada de liberal y concedió el gobierno al ala más moderada de los liberales que pensaban que la Constitución de Cádiz era demasiado radical e instituyeron un régimen basado en la Carta Otorgada (1834), un documento que confería poderes omnímodos a la Regente. Entre ellos nombrar los ministros y el presidente del gobierno y presentar leyes a las Cortes, constituidas por dos Cámaras, una de ellas elegida por ella totalmente y la otra por votación de las primeras fortunas del país (menos del 2% de la población tenía derecho a voto).

Los liberales más radicales, conocidos ya entonces como “progresistas”, suspiraban por la reinstauración de la Constitución de Cádiz y presionaban a la regente para que la jurara: son los conocidos “pronunciamientos militares”. Ninguno de ellos tuvo éxito, pero la guerra carlista iba de mal en peor, especialmente por la situación de la hacienda pública, en total ruina. Tuvo Mª Cristina que ceder ante los liberales progresistas y buscar a uno de sus principales representantes, Juan Álvarez Mendizábal, que había hecho una buena fortuna en el pleito sucesorio de Portugal, lo cual le granjeó importantes relaciones con la banca británica. Mendizábal fue nombrado ministro de Hacienda y, más tarde, presidente del gobierno. Desde dichos cargos inició un proceso de destrucción del Antiguo Régimen y de reformas liberales de signo progresista para lograr mejorar la hacienda pública y ganar la guerra carlista. La más conocida de sus reformas fue la denominada “desamortización” de los bienes de la Iglesia, que lleva su nombre. El procedimiento consistió en suprimir todas las órdenes religiosas de carácter no benéfico, nacionalizar todas sus propiedades (tierras y edificios) y ponerlas en venta en pública subasta para obtener dinero con el que sufragar la guerra.

Mendizábal, como liberal progresista y, a la vez, masón, era profundamente anticlerical, que no ateo, y pensaba que el poder de la Iglesia era incompatible con un estado liberal, además de que una parte de ella había abrazado la causa carlista. Desde aquel entonces, Mendizábal ha sufrido las críticas y el escarnio de gran parte de la historiografía española más reaccionaria. Lo curioso es que aún lo sea y que determinados círculos, que se autodenominan “liberales” lo critiquen como si del demonio se tratara. En estos días, mientras buscaba información sobre el personaje, me encontré con una entrada del diario digital Libertaddigital (que se autoproclama defensor de la “Nación y la Libertad”) titulada “1836: Da comienzo el desastre de la desamortización de Mendizábal”, escrita por Pedro García Luances, miembro de uno de los colectivos más peligrosos de este país, el de los periodistas metidos a historiadores. Tilda el autor la desamortización de “injusta y fracasada”. Lo de injusta no sé a qué se debe, quizá a que le parezca “justo” que determinados monasterios tuvieran en propiedad pueblos enteros y que administraran las fincas con mano de hierro frente a unos campesinos miserables que apenas si producían para comer; quizá a que la Iglesia cobrara el 10% de toda la producción agraria (el diezmo) para que sus jerarcas vivieran a cuerpo de rey. Sí, también realizaban labor asistencial, pero esa podría hacerla el Estado a un precio inferior, como estaba sucediendo en la Francia del XIX, desde la Revolución Francesa. Lo de fracasada se refiere a que no logró Mendizábal crear un grupo de medianos propietarios agrícolas con aquellas tierras expropiadas, pero la culpa de aquello fue de un gobierno moderado que prefirió sacar a subasta las fincas en lotes completos para que sólo la alta burguesía y la nobleza pudieran comprarlas.

Mendizábal duró poco en el gobierno, pues la regente Mª Cristina no aceptaba la intención de volver al régimen de la Constitución de Cádiz. Por ello, saltándose los resultados de las elecciones de 1836, ganadas por los progresistas, nombró un presidente moderado, Istúriz. Los progresistas, ya divididos en aquel momento entre quienes preferían sustituir a la regente o quienes pretendían que aceptara la Constitución de Cádiz, impulsaron diversas protestas populares que derivaron en una nueva revuelta militar. En este caso en el lugar de veraneo de la familia real, la Granja de San Ildefonso, es la conocida como “Sargentada” de 1836. La regente cedió manu militari y volvió a firmar la Constitución de Cádiz, colocando nuevamente a Mendizábal como ministro de Hacienda.

Y aquí llegó el momento clave. Mendizábal y el presidente del gobierno, el también progresista José María Calatrava, pensaban que la Constitución de Cádiz estaba superada y que tanto cambio de gobierno (entre moderados y progresistas) no era bueno para el país. Era necesario un acuerdo para que los moderados aceptaran las reformas más radicales del liberalismo: el “consenso”, vamos. ¿Os suena? Por ello, iniciaron la redacción de una nueva Constitución que agradara a los moderados y a la regente. En dicha nueva Constitución (1837), los progresistas cedieron una parte de los que eran sus principios: dejaba de hacerse referencia a la soberanía nacional, la Corona asumía el poder ejecutivo nombrando a su voluntad al presidente del gobierno y los ministros, las Cortes unicamerales se dividían en dos Cámaras, una de ellas controlada absolutamente por la Corona (el Senado), que nombraba a todos los senadores, y la otra elegida con un sufragio muy censatario (sólo votaban los más ricos contribuyentes, aproximadamente el 5% de la población), desistiendo así de imponer el mítico sufragio universal masculino progresista. A cambio, los progresistas impusieron una declaración de derechos más amplia, pero que después las leyes tenían que desarrollar, y la eliminación de la religión católica como religión de Estado, pero manteniendo el sostenimiento con fondos públicos del culto y sus “ministros” (sacerdotes, obispos, arzobispos, etc).

El objetivo ya lo hemos expuesto: integrar a los elementos más conservadores del liberalismo en el sistema constitucional y a los restos del Antiguo Régimen (nobleza, especialmente) dentro del liberalismo. Fue la primera vez, pero no la última en la que lo que podríamos considerar ideal progresista cedió parte de sus principios para no “hacer la revolución”, como se decía entonces. Hablamos de una “revolución”, la liberal, que consistía en implantar un sistema de libertades amplio, el sufragio universal masculino, la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, frente al poder de la Iglesia. Es decir, lo que en Francia acabó derivando en un régimen republicano, cuando comprobó que ninguna monarquía aceptaba estos principios, y en países como como Bélgica, Holanda o los escandinavos en monarquías parlamentarias liberales. En España se optó por un sí, pero no. Un sistema liberal bajo control político de la monarquía y bajo control económico de las clases aristocráticas que fueron, al fin y a la postre, las que lograron beneficiarse de la desamortización de la Iglesia, de las supresión de los señoríos y de la venta de los bienes de los municipios.

Aquellos primeros progresistas confiaban en que los moderados les dejarían gobernar cuando ganaran las elecciones y que la regente no abusaría de su poder. Nada de eso ocurrió. La regente procuraba apartar a los progresistas del poder y abusar de sus prerrogativas constitucionales. Por ello, los progresistas tuvieron que volver a las andadas y sublevarse contra la regente. En 1840 una nueva rebelión extendida por todo el país y apoyada por el principal líder progresista, el general Espartero, obligó a la regente a abdicar en la persona del propio Espartero, héroe de la victoria liberal frente a los carlistas. Pero los progresistas tampoco salieron perdiendo demasiado a nivel personal o en sus carreras políticas. Muchos cedieron sus ideas para lograr el poder durante el reinado de Isabel II y la mayoría se convirtieron en ricos propietarios. El propio Espartero, nombrado duque de la Victoria, duque de Morella, conde de Luchana y vizconde de Banderas, se convirtió en un rico propietario, desde sus modestos orígenes como hijo de un carpintero manchego, al casarse precisamente en 1837 con una riquísima propietaria riojana cuyo patrimonio consistía en un mayorazgo y diversos bienes vinculados donde se encontraban importantes fincas rústicas y urbanas y cerca de un millón y medio de reales procedentes también de los beneficios en las inversiones que los tutores de su esposa habían realizado durante la minoría de edad de ésta.

Ésta fue la primera defección del progresismo español. Muchos años más tarde, otros progresistas (conocidos como socialistas) durante la redacción de otra constitución, la de 1978, también cedieron parte de sus principios para no forzar la “revolución”, la “ruptura” se llamaba entonces, todo para que el franquismo sociológico se integrara en el nuevo sistema. También entonces se llegó a un pacto con la monarquía para no tocar sus privilegios, asumiendo que no se pasaría de la raya en sus atribuciones públicas; igualmente se consideró intocable el dominio de la Iglesia en algunos ámbitos como la educación. Todo en beneficio de la “democracia”, trasunto de lo que en el siglo XIX se llamaba “liberalismo”. En beneficio de ella y a beneficio del poder que estos nuevos progresistas iban a obtener y de los riquísimos patrimonios que iban a lograr en forma de puestos en consejos de administración, comisiones legales e ilegales, y cualquier otra prebenda que les convirtió de hijos de pequeños propietarios ganaderos con una modesta carrera de abogado laboralista en líder intocable del progresismo, rico propietario de mansiones en España y Marruecos, con asiento en exempresas públicas privatizadas por sus gobiernos en las que cobra unos emolumentos que envidiaría hasta el mismo conde de Romanones.

Hoy, 23 de octubre de 2016, en un Comité Federal los progresistas han vuelto a ceder al conservadurismo en aras de la democracia, “la gobernabilidad”, “España”, dirán. Seguirán abanderando causas perdidas como la sanidad pública o la escuela pública, se harán fotos con antiguos luchadores de la guerra civil, volverán a prometer la revisión del Concordato con el Vaticano cuando llegue la campaña electoral, pero se plegarán a los intereses del IBEX 35, al mantenimiento de las prerrogativas de la Iglesia, a las privatizaciones, a las reformas laborales, a la subida de tasas universitarias… Todo por “España” y la “democracia”. Prometen que con su abstención técnica a favor de un nuevo gobierno moderado (esta vez el de corrupto PP de Rajoy) vigilarán su labor y le harán la vida imposible. Quizá igual que se la hizo Espartero a Narváez con quien se repartió el poder y otras prevendas en el siglo XIX. Dentro de unos años veremos hasta dónde ha llegado la fortuna de Susana Díaz, en qué consejo de administración se sienta, qué residencia se ha construido (quizá en suelo protegido como Pepiño Blanco, que hoy presidía dicho Comité Federal, en la denominada Villa PSOE en la isla de Arosa).

Lecciones de la Historia. De las que no aprendemos, por cierto.

P.D. musical. Aquella Mª Cristina con la que lucharon los liberales es la de la famosa canción que compusieron los exiliados españoles en Cuba

Acerca de José A. Moreno

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